A través de un reciente comunicado en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), la Embajada de Estados Unidos en México informó una nueva medida migratoria.

Esta política implica negar visas a mujeres embarazadas cuando se sospeche que su objetivo principal es tener a sus hijos en suelo estadounidense.

Desde la perspectiva de muchas familias, dar a luz en Estados Unidos representa una posibilidad de garantizar mejores oportunidades de vida para sus hijos.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideran esta práctica como un uso indebido del sistema migratorio del país.

Por ello, quienes soliciten una visa mientras están embarazadas podrían enfrentar el rechazo si los oficiales consulares creen que el motivo principal del viaje es el nacimiento del bebé en territorio estadounidense.

La medida ya ha comenzado a generar diversas reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Embajada de Estados Unidos advierte sobre el “turismo de parto”

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que negará visas a mujeres embarazadas si sospecha que buscan dar a luz en suelo estadounidense. La medida apunta a frenar lo que consideran un abuso del sistema migratorio.

Según un comunicado oficial, los oficiales consulares pueden rechazar solicitudes sin necesidad de que la persona declare su intención de parir en EE.UU. Basta con que exista una sospecha razonable para negar la visa automáticamente.

El llamado “turismo de parto” implica viajar embarazada para que el bebé obtenga la ciudadanía al nacer. Aunque muchas familias lo ven como una oportunidad, el gobierno estadounidense lo califica como una práctica indebida.

Donald Trump y el debate sobre la ciudadanía por nacimiento

La medida contra el “turismo de parto” se alinea con las políticas migratorias restrictivas impulsadas por Donald Trump. El expresidente ha expresado su intención de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.

Actualmente, este derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Cambiarlo implicaría una reforma profunda que enfrenta múltiples obstáculos legales y políticos.

Jueces federales han señalado que esta propuesta podría ser inconstitucional. Además, advierten que modificar un principio tan arraigado en la ley estadounidense resultaría extremadamente complejo.

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